El director de la Agencia Nacional de Vivienda, Alfonso Lereté, abordó una serie de problemáticas vinculadas al acceso y la sostenibilidad de la vivienda en Uruguay, con especial foco en la crítica situación que atraviesa la cooperativa “Primavera”, ubicada en el kilómetro 23 de la ruta 8.
Lereté explicó que el caso tiene un largo historial de más de tres décadas de dificultades acumuladas, derivadas en conflictos judiciales que terminaron por unificarse en un proceso que hoy desemboca en la posibilidad de remate del predio donde se levantan unas 148 viviendas. Si bien destacó que la gran mayoría de los cooperativistas se encuentra al día tanto con el pago de sus cuotas como con los tributos departamentales, la situación legal heredada coloca a las familias en un escenario de extrema vulnerabilidad.
Según indicó, la fecha del remate —prevista inicialmente para marzo— podría postergarse hasta abril, aunque las definiciones no irán más allá de un plazo de entre 60 y 90 días. En ese margen, se manejan tres posibles caminos para intentar evitar el desenlace: la continuidad de negociaciones con acreedores, el accionar del síndico para alcanzar acuerdos parciales y, en última instancia, una eventual intervención del Estado a través del Ministerio de Vivienda.
En este sentido, Lereté señaló que ya ha mantenido reuniones con la ministra de Vivienda y que el tema está siendo evaluado a nivel ministerial. No obstante, advirtió que una intervención estatal en el remate podría generar tensiones tanto desde el punto de vista jurídico como dentro del propio sistema cooperativo.
El jerarca subrayó como un aspecto positivo el compromiso sostenido de los cooperativistas a lo largo de los años. “Nunca le dieron la espalda al Estado”, remarcó, destacando que muchas familias llevan más de 25 o 30 años cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, reconoció que hoy enfrentan una “espada de Damocles” que amenaza con dejarlos sin vivienda.
Por otra parte, Lereté se refirió a una recorrida que viene realizando por distintos puntos del país, donde detectó problemas estructurales que se repiten en varias cooperativas. Entre ellos, mencionó irregularidades o incumplimientos por parte de los institutos de asesoramiento técnico, que en algunos casos informaron cuotas estimadas muy por debajo de los montos reales que luego debieron afrontar los cooperativistas.
Un ejemplo concreto se registró en Paso de los Toros, donde las cuotas pasaron de estimaciones iniciales de entre 10.000 y 12.000 pesos a valores cercanos a los 22.000 o 26.000 pesos. Este tipo de situaciones, sumadas a cambios en el mercado inmobiliario local —como la mayor oferta de alquileres a menor costo—, han llevado a que muchas familias opten por alquilar en lugar de continuar pagando una cuota cooperativa a largo plazo.
Asimismo, advirtió sobre dificultades en el acceso a subsidios, señalando que en algunos casos solo una minoría de los cooperativistas logra cumplir con los requisitos exigidos. Esto deja a muchas familias en una situación límite, dependiendo de fondos de reserva que, según explicó, son finitos y podrían agotarse en el corto plazo, derivando en problemas de morosidad o incluso en cesación de pagos.
El jerarca indicó que estas problemáticas no son aisladas, sino que se replican en distintos departamentos del país, incluyendo también zonas de Montevideo. En ese marco, adelantó que la Agencia Nacional de Vivienda trabaja en la elaboración de un informe integral que será presentado tras la Semana de Turismo.
Finalmente, Lereté también hizo referencia a la situación de algunos complejos habitacionales en la capital, donde se han detectado viviendas abandonadas, vandalismo y graves problemas de mantenimiento. En algunos casos, señaló, el deterioro es tal que incluso han crecido árboles en los techos, provocando filtraciones que afectan directamente a los residentes de los últimos pisos.
En conjunto, el panorama expuesto refleja una serie de desafíos estructurales en materia de vivienda, donde confluyen problemas legales, económicos y de gestión, y que, según el director de la ANV, requieren respuestas urgentes y coordinadas para evitar consecuencias sociales aún más graves.
