Cuatro familias de la zona de Nicolich presentaron un recurso ante el Ministerio de Ambiente para anular la autorización ambiental del megaproyecto de US$ 850 millones. Denuncian que nunca fueron notificadas pese a ser identificadas como «receptores sensibles», y que la obra, hoy «prácticamente terminada», les arrebató el paisaje y el silencio.
Desde el interior de sus viviendas, a través de las ventanas y a menos de cien metros de sus casas, cuatro familias del Parque de las Ciencias de Canelones observan la mole de hormigón y acero que Google está levantando en lo que era su horizonte campestre.
El proyecto, denominado «Los Teros», es el centro de datos más grande de la historia de Uruguay. Con una inversión estimada de US$ 850 millones, ocupará 30 hectáreas en el predio que la multinacional adquirió en 2021 y contará con decenas de generadores, bancos de carga, refrigeradores de aire y una subestación eléctrica propia. Cuando alcance su máxima capacidad, consumirá 560 GWh por año—el equivalente al consumo anual de 200.000 hogares uruguayos.
Pero para los vecinos de los tres padrones contiguos que conforman más de cuatro hectáreas, el problema no es el consumo energético. Es la cotidianidad destruida.
«Nunca nos consultaron»
El 29 de julio, a través del estudio Delpiazzo, las cuatro familias presentaron un recurso ante el Ministerio de Ambiente. Piden que se deje sin efecto la Autorización Ambiental Previa (AAP) que el gobierno otorgó en junio de 2024 a la sociedad Eleanor Applications SRL, la figura legal detrás del proyecto de Google.
El argumento central es procesal y contundente: nunca se les notificó. Si bien el estudio de impacto ambiental las identificó como «receptores sensibles» del proyecto—incluso llegando a señalar a una de ellas como «el vecino más vulnerable» en relación al impacto acústico—, los vecinos aseguran que no fueron «individualizados, contactados o consultados durante la elaboración del estudio de impacto ambiental». Tampoco participaron en el estudio de percepción social que la empresa invocó.
Recién en julio de 2026, luego de un pedido de acceso a la información pública, pudieron acceder al expediente completo de Ambiente. Para entonces, la obra estaba «prácticamente terminada».
Ruidos, luces y un paisaje que ya no existe
En el recurso, los vecinos describen con crudeza lo que han perdido. La «presencia física del emprendimiento» modificó «de forma permanente» el «paisaje cotidiano de las familias». La iluminación industrial, señalan, «alteró sustancialmente las condiciones nocturnas». Pero no es solo lo que se ve. También lo que se escucha.
«Entre otros episodios, se han advertido molestias asociadas al flushing (limpieza de tuberías) nocturno, pruebas de bancos de carga y funcionamiento de generadores y otros equipos», detalla el escrito. Ruidos antes inexistentes en un entorno que era, hasta hace poco, silencio y campo.
Una autorización con condiciones y una obra celebrada
La AAP fue otorgada en junio de 2024 por el entonces ministro de Ambiente, Robert Bouvier, quien impuso siete condiciones de «estricto cumplimiento». Entre ellas, que Google abandonara el uso de agua potable para refrigeración—una polémica inicial—y pasara a un sistema de «chillers» similar al que utiliza el data center de Antel en Pando.
La construcción, que demandaría 26 meses y emplearía entre 300 y 400 personas con picos de 800 trabajadores, fue celebrada por el gobierno. En abril de 2026, el presidente Yamandú Orsi recorrió las instalaciones y aseguró que las obras estaban «muy avanzadas, más de lo que suponíamos». Desde Google afirmaron entonces que la construcción avanza «de acuerdo con lo planeado» y que el centro será «una pieza clave» de su infraestructura global.
17 veces el límite legal
Pero hay otra capa del conflicto que el recurso vecinal no menciona pero que el expediente ambiental revela: los generadores del data center—27 en total, cada uno de más de 8 metros de largo y 35 toneladas—emitirían dióxido de nitrógeno a niveles que, según modelos oficiales, superarían 17 veces el límite legal uruguayo en caso de un corte de energía.
La tecnología para reducir esas emisiones en un 90% existe, según una investigación del Pulitzer Center, pero no fue exigida. Durante las pruebas mensuales de mantenimiento, el modelo arroja una concentración de 210 microgramos por metro cúbico—apenas por encima del límite legal de 200. En una emergencia real, con los 27 generadores funcionando a la vez, la proyección es de 3.439 microgramos.
El ministerio autorizó igual.
«Los vecinos de Google»
El reclamo de las cuatro familias de Canelones no es un caso aislado. En América Latina, los data centers de Google han llegado a tribunales en varios países. Y en Uruguay, la discusión ambiental ya había sido planteada en abril de 2024, cuando el gobierno impuso una moratoria de nueve meses a nuevos proyectos de data center.
Pero para estos vecinos, el debate no es abstracto. Es el ruido que escuchan al atardecer. Es la luz que ya no los deja dormir. Es la estructura que ven desde sus ventanas, a menos de cien metros de distancia.
El recurso presentado ante el Ministerio de Ambiente pide, en primer término, la anulación total de la AAP. De forma subsidiaria, solicita que se modifique la autorización para mitigar los impactos que, aseguran, nunca fueron considerados.
Mientras tanto, la obra sigue en pie..
