En la mañana de El Megáfono dialogamos con el doctor en Derecho Diego Andrés Cabrita Mora, profesor de la Universidad de la República, abogado especializado en derecho internacional y ciudadano venezolano, quien analizó los recientes acontecimientos en su país de origen, aportando una visión técnica desde el derecho internacional y una mirada personal marcada por años de crisis política e institucional.
Un fin de semana de incertidumbre en Venezuela
Cabrita señaló que durante el último fin de semana se vivieron momentos de fuerte tensión en distintas regiones de Venezuela, particularmente en Caracas, donde se registraron cortes de energía eléctrica y de internet. Esta situación generó preocupación e incertidumbre en la población, que siguió los acontecimientos con escasa información y en un clima de nerviosismo generalizado.
Según explicó, la confirmación de que Nicolás Maduro ya no se encontraba en territorio venezolano marcó un punto de inflexión, tanto a nivel político como social, luego de más de una década de un mismo liderazgo.
Un reclamo histórico de cambio y justicia
Desde una perspectiva más amplia, Cabrita sostuvo que Venezuela lleva más de 25 años reclamando un cambio profundo en su sistema político. A modo personal, recordó que desde su infancia ha vivido bajo un mismo signo político, con candidatos y partidos proscriptos, restricciones a la participación democrática y una emigración forzada de millones de ciudadanos.
En ese contexto, afirmó que para muchos venezolanos los hechos recientes representan un primer gesto de justicia largamente esperado.
La Corte Penal Internacional y las denuncias por lesa humanidad
El abogado recordó que en 2018 se abrió una causa en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2014. Esta investigación cuenta con más de mil testimonios de víctimas que denunciaron torturas, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
No obstante, señaló que el proceso avanzó lentamente y que, hasta ahora, no se había logrado una imputación efectiva contra el mandatario venezolano ni contra los principales responsables del régimen.
Soberanía, intervención y responsabilidad internacional
Uno de los ejes centrales del análisis fue el debate sobre el principio de no intervención. Cabrita explicó que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la acción de Estados Unidos supone una violación a la soberanía de Venezuela. Sin embargo, aclaró que esta situación debe analizarse a la luz del principio de “responsabilidad de proteger”, que obliga a la comunidad internacional a actuar cuando un Estado no garantiza los derechos fundamentales de su población.
En ese sentido, remarcó que los intentos de acción multilateral fueron reiteradamente bloqueados por el propio régimen venezolano.
El papel de Naciones Unidas y las violaciones documentadas
Cabrita recordó que en 2019 Naciones Unidas creó una misión de verificación de hechos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Dicha misión elaboró varios informes que documentan de forma categórica la existencia de torturas, presos políticos y al menos 19 centros clandestinos de detención.
También señaló que funcionarios de la ONU fueron expulsados del país y que ciudadanos que mantuvieron reuniones con esos organismos internacionales permanecen detenidos, lo que evidencia —según dijo— la falta de garantías institucionales.
La mirada del ciudadano venezolano
Consultado sobre el sentir popular, Cabrita aseguró que la mayoría de los venezolanos ve estos hechos como un “halo de justicia” frente a años de impunidad. Explicó que dentro del país existe temor, pero también esperanza, mientras que gran parte de los venezolanos en el exterior manifestaron abiertamente su apoyo a la detención de Maduro.
No obstante, advirtió que la situación genera sentimientos encontrados, ya que el proceso está lejos de significar un cambio inmediato.
Continuidad del poder y debilidad institucional
El entrevistado explicó que, tras la detención de Maduro, la vicepresidenta asumiría la presidencia, manteniendo el mismo signo político en el poder. A esto se suma una institucionalidad debilitada, con organismos clave —como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional— controlados por el chavismo.
Sobre el Parlamento, recordó que fue electo con una participación de apenas el 10% del electorado y sin la participación de la oposición, lo que genera fuertes cuestionamientos a su legitimidad.
Salida del Estatuto de Roma y retroceso democrático
Cabrita calificó como “un retroceso garrafal” la decisión de la Asamblea Nacional saliente de denunciar el Estatuto de Roma y retirarse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Subrayó que la denuncia presentada en 2018 contra Maduro fue respaldada por seis países de América Latina, entre ellos Uruguay, lo que demuestra la gravedad de las acusaciones.
Justicia pendiente para todo el régimen
Para Cabrita, la justicia solo será completa si alcanza a todos los responsables del aparato estatal involucrados en violaciones de derechos humanos. Aclaró que la denuncia ante la Corte Penal Internacional no se limita a Nicolás Maduro, sino que incluye a todo el entramado de poder que participó o permitió torturas y crímenes de lesa humanidad.
El peso del petróleo y la geopolítica regional
El abogado también se refirió a la histórica relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos, señalando que el crudo venezolano ha sido un factor clave en la geopolítica regional. Indicó que este elemento no puede analizarse de forma aislada y debe considerarse junto a las licencias petroleras, los arbitrajes internacionales y los intereses estratégicos de ambos países.
Lo que puede venir en los próximos meses
De cara al futuro, Cabrita sostuvo que los venezolanos siguen con atención el proceso de transición y la posibilidad de elecciones verdaderamente libres. Destacó la necesidad de permitir la participación de partidos y líderes proscriptos, así como el voto de los más de ocho millones de venezolanos que residen en el exterior.
Finalmente, remarcó que cualquier proceso de reconstrucción deberá contemplar planes de retorno, ya que la migración masiva dejó al país sin docentes, médicos y profesionales esenciales para el funcionamiento del Estado.
