La diputada nacionalista Patricia Rodríguez expresó su preocupación por el nuevo programa del gobierno destinado a personas liberadas del sistema penitenciario, el cual prevé apoyo económico, acceso a vivienda, empleo y otros beneficios para favorecer la reinserción social.
En diálogo con El Megáfono, Rodríguez aclaró que está de acuerdo con las políticas de reinserción para quienes estuvieron privados de libertad, aunque advirtió que los anuncios generaron fuerte malestar entre funcionarios policiales y otros sectores de la población que continúan esperando soluciones habitacionales y laborales.
“La preocupación no pasa por no ayudar a quienes buscan una segunda oportunidad, sino por la sensación de que quienes hicieron las cosas bien quedan relegados”, sostuvo.
La legisladora señaló que recibió una gran cantidad de mensajes de policías indignados por la medida y remarcó que muchos funcionarios del Ministerio del Interior atraviesan situaciones habitacionales críticas, incluso viviendo en asentamientos o en contextos de inseguridad.
Rodríguez recordó además que los policías aportan obligatoriamente un 1% de su salario a un fondo de vivienda, pero aseguró que las soluciones “siguen sin llegar”.
“La vivienda sigue siendo un debe enorme”
Durante la entrevista, la exdirigente sindical explicó que históricamente se han otorgado algunas soluciones habitacionales, aunque consideró que son insuficientes frente a la demanda existente.
“Se han brindado soluciones, pero son muy pocas para la cantidad de funcionarios que necesitan vivienda”, afirmó.
Según detalló, en muchos casos las respuestas terminan siendo alquileres subsidiados por dos años para sacar a las familias de contextos complejos, pero no una solución definitiva de acceso a la vivienda propia.
También cuestionó algunos requisitos exigidos para acceder a planes habitacionales, como las condiciones vinculadas al clearing, señalando que muchas veces no contemplan la realidad económica de los funcionarios policiales.
Críticas al manejo del fondo de vivienda policial
Rodríguez explicó que el aporte obligatorio del 1% no se destina exclusivamente a vivienda, sino también a ayudas sociales administradas por la caja policial.
A su entender, gran parte de esos recursos terminan utilizándose en medidas de emergencia, como alquileres subsidiados para funcionarios amenazados o que viven en barrios conflictivos, lo que impide generar soluciones habitacionales más amplias y permanentes.
“Ese fondo se desgasta mucho en medidas emergentes y la vivienda sigue siendo un debe muy grande del Ministerio del Interior para sus policías”, indicó.
“Los policías sienten que quedan en segundo lugar”
La diputada insistió en que la molestia no surge por rechazar la reinserción de personas liberadas, sino porque entienden que no existen políticas similares para trabajadores y familias que cumplen con sus obligaciones y aún esperan respuestas.
“Muchos me escriben diciendo que sus hijos se recibieron y no consiguen trabajo, o que llevan años haciendo esfuerzo para acceder a una vivienda”, comentó.
Finalmente, sostuvo que los anuncios generan aún más sensibilidad en el ámbito policial porque se trata de funcionarios que “exponen su vida para brindar seguridad pública” y sienten que continúan relegados en materia de vivienda y apoyo estatal.
