En diálogo con El Megáfono, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo analizó la reciente aprobación parlamentaria de la ley que regulará el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales. El proyecto, impulsado originalmente por el fallecido exministro de Ambiente Adrián Peña, finalmente alcanzó los dos tercios necesarios en ambas cámaras tras años de discusión política.
Garlo recordó que iniciativas similares comenzaron a plantearse en la década del 90 y que el Frente Amplio ha reiterado durante más de 30 años la necesidad de contar con reglas claras y generales para el ingreso a la función pública a nivel departamental. “Se han presentado proyectos desde hace más de tres décadas. Este es un tema largamente discutido”, expresó el legislador.
Concurso y sorteo como mecanismo obligatorio
La nueva ley establece que, una vez promulgada, el ingreso a cualquier intendencia deberá realizarse mediante concurso o sorteo, según la naturaleza del cargo. Para Garlo, se trata de una transformación significativa: “La regla para el ingreso va a ser el concurso y el sorteo, siguiendo los principios de transparencia e igualdad de oportunidades”.
Este cambio, señaló, busca evitar discrecionalidades y asegurar que todas las personas interesadas en incorporarse al ámbito municipal tengan las mismas posibilidades.
Modificaciones introducidas por el Senado y el rol del Congreso de Intendentes
Durante la discusión en el Senado, el Congreso de Intendentes planteó una serie de observaciones y reclamos que desembocaron en ajustes al texto final. Garlo explicó que se trató de una instancia clave, ya que constitucionalmente este organismo coordina las políticas de los gobiernos departamentales.
Los cambios incluyeron la creación de mecanismos excepcionales que permitirán contratar personal ante emergencias, aunque con controles estrictos: para habilitarlos será necesario el aval de las juntas departamentales mediante una mayoría especial de dos tercios. El diputado remarcó que se trata de una herramienta “limitada y fiscalizada”, diseñada para situaciones muy puntuales.
Asimismo, se mantuvo la prohibición de realizar contrataciones durante los últimos 12 meses del período de gobierno, un punto que el Frente Amplio defendió desde Diputados. A esto se sumó la incorporación de un artículo que obliga a respetar los derechos ya establecidos en convenios colectivos firmados previamente, preservando así los avances en negociación colectiva dentro de las intendencias.
Tercerizaciones y cargos de confianza: qué queda por fuera
Uno de los temas recurrentes en las intendencias, especialmente en la zona metropolitana, es la contratación de cooperativas para tareas de barrido, limpieza o poda. Garlo aclaró que la ley no altera esas prácticas, ya que se trata de contrataciones con personas jurídicas y no con funcionarios directamente incorporados a la plantilla municipal.
También indicó que los cargos de confianza mantienen un régimen propio, establecido por la Constitución. Esto significa que cada intendencia podrá seguir definiendo sus cargos políticos sin estar sujeta a concursos o sorteos.
Unificación de criterios para todo el país
Para Garlo, la sanción de esta ley representa un hito institucional, ya que por primera vez se fijarán criterios homogéneos para el acceso a puestos municipales en las 19 intendencias. “Es un acontecimiento histórico. Vamos a tener una norma general que establece el principio de ingreso por concurso o sorteo en todo el país”, destacó.
Además, la ley obliga a respetar los cupos establecidos en normas de protección de minorías, como personas con discapacidad y afrodescendientes, avanzando en materia de inclusión y equidad en el ámbito público.
El voto en contra del Partido Colorado
Consultado sobre los apoyos y rechazos, Garlo informó que los diputados del Partido Colorado no acompañaron la iniciativa. Su discrepancia estaba centrada en los cambios introducidos por el Senado, ya que entendían que debía aprobarse el proyecto original sin modificaciones.
Pese a este desacuerdo, el legislador celebró la construcción de mayorías que permitió la aprobación del texto y resaltó la importancia de la nueva normativa para el fortalecimiento institucional: “Se trata de un paso fundamental para garantizar transparencia y reglas iguales para todos”.
