La polémica por el proyecto de chacras privadas en la zona de la Laguna del Cisne llegó al Parlamento. Integrantes de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne comparecieron ante la Comisión de Ambiente del Senado para expresar su preocupación por un emprendimiento que, según sostienen, pone en riesgo la calidad del agua y el equilibrio ambiental de un área considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable.
El proyecto plantea el fraccionamiento de tres padrones de suelo rural productivo en 72 lotes de más de tres hectáreas cada uno, además de otro padrón ubicado en suelo rural natural, con una superficie de 35,7 hectáreas y contacto directo con la laguna. La iniciativa es presentada por sus promotores como un desarrollo con criterios de sustentabilidad y preservación de la biodiversidad.
Sin embargo, los vecinos cuestionan esa visión y aseguran que el emprendimiento representa una amenaza para uno de los principales reservorios de agua dulce de la región. Durante la reunión en el Senado afirmaron que la propuesta “va en contra de la defensa del ambiente y de la protección del agua”, advirtiendo además sobre la construcción de piscinas y canchas de tenis en áreas rurales naturales.
Uno de los planteos más enfáticos de la delegación fue la caracterización del proyecto como un barrio privado. Aunque la Intendencia de Canelones ha señalado que se trata de una subdivisión de suelo rural y no de un barrio cerrado, los vecinos consideran que las características del emprendimiento se asemejan a ese tipo de desarrollos inmobiliarios.
La organización recordó que la Laguna del Cisne abastece de agua potable a unos 30.000 usuarios de OSE y destacó la necesidad de preservar un ecosistema que consideran fundamental para el futuro de la Costa de Oro y del departamento de Canelones.
Por otra parte, los vecinos señalaron que el Ministerio de Ambiente ya había intimado al propietario de los predios, Pablo Bidegain, a detener obras y construcciones hasta obtener la correspondiente Autorización Ambiental Previa. Además, tanto la cartera como la Intendencia de Canelones aplicaron sanciones por la construcción de un muelle dentro de la denominada zona buffer, un área protegida que rodea la laguna.
Desde la Intendencia de Canelones se informó que el fraccionamiento cuenta con habilitación de Catastro Nacional y que actualmente se encuentran en trámite los criterios generales de construcción, una etapa que podría quedar definida en las próximas semanas.
La Comisión de Ambiente del Senado resolvió remitir la información recibida a la Intendencia de Canelones, la Junta Departamental, OSE y el Ministerio de Ambiente, mientras el debate sobre el futuro de la Laguna del Cisne continúa generando preocupación entre vecinos y autoridades.
