El subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone, dialogó este lunes con El Megáfono sobre la intervención realizada durante el fin de semana por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en un residencial para personas mayores en Montevideo, luego de que se detectaran graves irregularidades en las condiciones de alojamiento de sus residentes.
Bruzzone explicó que, una vez conocida la situación, se activó el protocolo previsto para estos casos, que involucra al MSP, al Mides, el SAME 105 y el Ministerio del Interior. Señaló que la prioridad fue garantizar la seguridad y el estado de salud de las personas que permanecían en el lugar.
En total, fueron evaluados 19 residentes. Algunos fueron derivados a centros asistenciales para completar estudios y valoraciones médicas, aunque todos se encontraban estables, mientras que otros fueron retirados por sus familiares para continuar sus cuidados en otros ámbitos. Actualmente, ocho personas permanecen bajo la asistencia de una cooperativa contratada por el Mides, que brinda atención, alimentación y realiza las tareas de limpieza del inmueble.
El jerarca aclaró que el residencial que figuraba ante las autoridades tenía un trámite de habilitación iniciado y había sido inspeccionado por última vez en mayo. Sin embargo, el lugar donde fueron encontradas las personas funcionaba como un anexo no declarado, ubicado a pocos metros del establecimiento principal, por lo que no formaba parte de la documentación presentada al MSP ni al Mides y nunca había sido inspeccionado.
Bruzzone indicó que el caso salió a la luz gracias a la denuncia de vecinos y recordó que, tras la intervención policial, el SAME 105 realizó la primera evaluación sanitaria antes de desplegar el operativo conjunto entre los organismos involucrados.
Consultado sobre la posibilidad de que este episodio motive nuevas denuncias, el subdirector sostuvo que espera que la ciudadanía utilice los canales oficiales para informar situaciones irregulares y recordó que cualquier persona puede consultar el estado de un establecimiento de larga estadía, ya sea si está habilitado, en proceso de habilitación o si no cuenta con ningún registro oficial.
Durante la entrevista también destacó que la falta de habilitación nunca puede justificar situaciones de maltrato o vulneración de derechos. “Sabemos que existen problemas estructurales y que el proceso de habilitación puede ser complejo, pero eso jamás puede ser una excusa para vulnerar los derechos humanos de las personas mayores”, afirmó, recordando que este tipo de hechos constituye una falta grave prevista en la normativa vigente.
Bruzzone repasó además las acciones que se vienen desarrollando en Canelones, departamento elegido como piloto para un nuevo modelo de seguimiento de los establecimientos de larga estadía. Entre las medidas mencionó un control territorial más cercano, el registro mensual de residentes por parte de los residenciales y un trabajo conjunto con las asociaciones del sector para facilitar los procesos de regularización.
En ese marco, explicó que también se impulsa una armonización de los requisitos de habilitación entre la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de simplificar los trámites, además de la creación del Fondo ELEPEM, que otorga apoyo económico para realizar mejoras de infraestructura, especialmente aquellas necesarias para obtener la certificación de Bomberos. Según indicó, cerca de 60 establecimientos ya manifestaron interés en acceder a este programa.
Finalmente, el subdirector general de Salud reconoció que existe un problema estructural vinculado al costo que implica brindar cuidados de calidad y los ingresos con los que cuentan muchas personas mayores. No obstante, reiteró que esa realidad no puede ser utilizada como argumento para tolerar condiciones indignas de atención, por lo que aseguró que el MSP continuará fortaleciendo los controles y el acompañamiento a los establecimientos de larga estadía en todo el país.
