La situación de la Escuela N.º 112, que desde hace una semana funciona de manera parcial tras la reubicación de sus alumnos en distintos centros educativos, continúa generando repercusiones a nivel político y preocupación en la comunidad. En la mañana de El Megáfono, el senador Robert Silva abordó el tema y anunció acciones concretas para esclarecer lo ocurrido.
Actualmente, los estudiantes fueron distribuidos en tres instituciones: dos públicas —la Escuela 194 y el Jardín de Infantes 222— y un centro privado, el Colegio Nuestra Señora del Huerto, que cedió sus instalaciones de forma solidaria. Esta solución transitoria, si bien permitió mantener la continuidad de clases, ha generado dificultades logísticas y operativas para las familias y el sistema educativo.
Según explicó el legislador, su preocupación surge a partir de contactos con padres de alumnos, quienes manifestaron inquietud por las demoras en la resolución de los problemas edilicios que afectan al centro educativo. “Es una situación que venía de antes y que, a pesar del período vacacional, no tuvo avances visibles”, sostuvo.
En ese sentido, Silva subrayó que el traslado de los estudiantes a distintos locales impacta en aspectos fundamentales como la organización familiar, la alimentación escolar y la calidad del servicio educativo. “Estamos ante una situación compleja que requiere respuestas claras y rápidas”, afirmó.
Ante este escenario, anunció que iniciará gestiones directas y presentará un pedido de informes ante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con el objetivo de obtener información detallada sobre las causas del problema, las acciones previstas y, especialmente, los plazos concretos para la finalización de las obras.
“Lo que buscamos es llevar tranquilidad a las familias, que sepan en qué situación están y cuándo podrían retornar al edificio escolar”, indicó. Además, remarcó la importancia de determinar por qué se llegó a este punto, señalando que el mantenimiento preventivo es clave para evitar este tipo de situaciones.
En relación a los tiempos de obra, se maneja que los trabajos podrían demandar unos 45 días una vez iniciados, aunque el principal temor radica en las demoras asociadas a los procesos de licitación. Sobre este aspecto, Silva reconoció que se trata de un problema recurrente en la administración pública, aunque recordó que existen mecanismos alternativos para casos urgentes.
Entre ellos, mencionó la posibilidad de establecer convenios con gobiernos departamentales, lo que permitiría ejecutar obras de forma más ágil al tratarse de acuerdos entre organismos públicos. “Es una herramienta que utilizamos en varias oportunidades para atender situaciones similares”, explicó.
El senador también contextualizó el problema dentro de la realidad nacional, señalando que Uruguay cuenta con cerca de 2.800 centros educativos y que los desafíos en materia de infraestructura y mantenimiento son constantes. En ese marco, destacó que la ANEP dispone de entre 102 y 104 arquitectos en todo el país, cuya tarea es justamente prevenir este tipo de situaciones.
No obstante, advirtió que podrían existir otros casos similares, tanto en Montevideo como en el interior, lo que —a su entender— podría reflejar una problemática más amplia en la gestión de la infraestructura educativa.
En el plano político, Silva respondió a cuestionamientos sobre la responsabilidad de administraciones anteriores, defendiendo la inversión realizada en mantenimiento durante su gestión. “Se incrementaron los recursos y están las cifras en el Parlamento”, afirmó, al tiempo que rechazó atribuir la situación actual a decisiones pasadas.
Por el contrario, fue crítico con la actual conducción de la educación, señalando que existen “serios problemas de gestión” y alertando sobre posibles retrocesos en algunos niveles del sistema. Asimismo, cuestionó lo que definió como una excesiva incidencia de intereses sectoriales por sobre el interés general.
Finalmente, reiteró que el pedido de informes abarcará tanto la situación puntual de la Escuela N.º 112 como el estado general de la infraestructura en educación inicial y primaria. También se comprometió a mantener informada a la población una vez reciba respuestas oficiales.
Mientras tanto, las familias y docentes continúan adaptándose a una realidad transitoria que, si bien permite sostener las clases, dista de las condiciones ideales para el desarrollo pleno de la actividad educativa.
