La reciente rapiña ocurrida en un residencial de Montevideo encendió las alarmas en el sector de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. En diálogo con El Megáfono, el presidente de la Asociación de Residenciales del Uruguay, Sabino Montenegro, expresó la preocupación existente entre los operadores y aseguró que, si bien se trató de un hecho aislado, sirve como llamado de atención para reforzar las medidas de prevención.
Montenegro señaló que, tras conocerse el caso, la asociación mantuvo contacto con los más de 140 residenciales que integran la gremial para recordar la importancia de minimizar el manejo de dinero en efectivo.
“En el 99% de los casos los residenciales no manejan efectivo. Las cuotas se pagan mediante transferencias bancarias o depósitos en cuenta, por lo que prácticamente no hay dinero disponible en los establecimientos”, explicó.
Según indicó, incluso el residencial que fue víctima de la rapiña tampoco contaba con efectivo. Las cajas fuertes existentes eran utilizadas para guardar pertenencias personales de los residentes, como documentos, joyas o pequeños objetos de valor, lo que hace pensar que los delincuentes actuaron a partir de información errónea o de la creencia de que allí había importantes sumas de dinero.
En ese sentido, recomendó que las familias eviten realizar pagos en efectivo y, en caso de que una persona mayor cobre su jubilación por ventanilla, pueda solicitar en el propio banco que el dinero sea transferido directamente a la cuenta del residencial.
“No son lugares donde se maneje dinero”
Montenegro insistió en que los residenciales no funcionan como comercios o entidades financieras y que el efectivo que puede encontrarse es mínimo.
“Lo único que puede haber es algún dinero de bolsillo de un residente para comprarse un refresco o algún gasto personal. No existen grandes sumas de dinero dentro de los establecimientos”, afirmó.
Para el dirigente, la presencia de cajas fuertes pudo haber generado una falsa percepción sobre la existencia de dinero, cuando en realidad eran utilizadas únicamente para custodiar pertenencias de los adultos mayores.
Baja adhesión al programa de apoyo para habilitaciones
Durante la entrevista también se refirió al fondo impulsado por la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Salud Pública para colaborar con los residenciales en la obtención de las habilitaciones correspondientes.
Aunque valoró positivamente la iniciativa, consideró que la baja cantidad de interesados refleja un problema mucho más profundo que el costo de las habilitaciones.
“El problema no es solamente conseguir el dinero para hacer las mejoras. El verdadero problema es que muchos residenciales no tienen ingresos suficientes para sostener una habilitación en el tiempo”, sostuvo.
Explicó que un residencial habilitado debe cumplir estrictos requisitos de funcionamiento, especialmente en lo relacionado con la cantidad de personal.
Detalló que la normativa establece un cuidador cada diez residentes autoválidos y un cuidador cada cinco residentes que requieren asistencia permanente, además de contar con cocinero, director técnico, médico, trabajador social y todos los aportes legales correspondientes.
Costos que muchos establecimientos no pueden afrontar
Montenegro indicó que un residencial de unas veinte personas necesita recaudar entre 800.000 y un millón de pesos mensuales para cubrir salarios, alimentación, alquiler, aportes al BPS, Banco de Seguros del Estado, servicios y demás gastos operativos.
Solo en sueldos, señaló, la cifra ronda los 400.000 pesos mensuales.
Por esa razón, entiende que muchos establecimientos que hoy funcionan atendiendo a personas con jubilaciones muy bajas no logran reunir los recursos necesarios para cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa.
“La realidad es que muchas familias solo pueden pagar 20.000 o 25.000 pesos por mes. Con esos ingresos es imposible mantener un residencial completamente habilitado”, explicó.
Una problemática social
El presidente de la Asociación de Residenciales afirmó que el cierre masivo de establecimientos no es una solución, ya que dejaría sin lugar de atención a cientos de adultos mayores.
A su entender, el desafío pasa por encontrar mecanismos de financiamiento que permitan garantizar tanto la calidad de los cuidados como la viabilidad económica de los residenciales.
Propuso avanzar hacia un sistema similar al de otros servicios de salud, donde el Estado subsidie la diferencia entre lo que puede aportar cada persona y el costo real de una plaza en un residencial habilitado.
“Si una persona cobra una jubilación de 30.000 pesos y el costo del residencial es de 50.000, el Estado debería cubrir esa diferencia. De otra manera, es muy difícil que estos establecimientos puedan cumplir con todas las exigencias sin poner en riesgo su funcionamiento”, afirmó.
Montenegro reconoció que se trata de una problemática compleja que la asociación viene planteando desde hace más de una década y sostuvo que, sin una política pública de financiamiento, será muy difícil aumentar significativamente la cantidad de residenciales habilitados en el departamento de Canelones y en el resto del país.
