Tras el reciente caso de maltrato y precariedad en un residencial clandestino de Tacuarembó, donde más de 30 personas vivían en condiciones inhumanas, se reabrió la discusión sobre el sistema de cuidados en Uruguay. Sabino Montenegro, integrante de la organización Residenciales Integra, dialogó con El Megáfono y fue contundente: “Esto está creciendo porque no solamente siguen estando la misma cantidad de centros de cuidados en malas condiciones, sino que cada vez son más las personas que necesitan cuidado”.
Montenegro se refirió a lo ocurrido como una muestra cruda de una realidad extendida. “Lo que pasó en 2023 en Salinas con los incendios, y ahora en Tacuarembó, nos tiene que hacer reaccionar. Pareciera que nos damos cuenta del horror solo cuando explota un caso”, señaló. Según el entrevistado, el caso más reciente mostró una violencia directa: “Había personas atadas de pies y manos con cadenas. Fue una contención demasiado violenta e inhumana”.
El realojo de las víctimas fue posible gracias a la intervención del Estado, que destinó cerca de 35 mil dólares mensuales para ubicarlos en un centro habilitado en Montevideo. “El Estado tuvo que pagar lo que corresponde: 40 o 45 mil pesos por persona. Ese es el costo real del cuidado, y por eso mismo hay tanta desidia. Porque para resolverlo de fondo, se necesita plata”, dijo Montenegro.
La falta de controles, denuncias y recursos son parte de un sistema en crisis. “Nadie denuncia. En Pando sabemos dónde hay centros que son de muy mala atención, y no lo denunciamos. La gente que trabaja en esos lugares también puede ser procesada, como pasó en Tacuarembó”, advirtió. En ese departamento fueron procesadas ocho personas, entre ellas cinco funcionarios.
Montenegro aseguró que el problema no se limita a un caso aislado: “En Montevideo hay unos cien residenciales en condiciones parecidas. Y todos sabemos dónde están”. También denunció que más de mil residenciales en Uruguay funcionan sin habilitación, y muchos de los que sí están registrados no cumplen con todos los requisitos. “En Pando, solo dos residenciales tienen habilitación de Bomberos”, afirmó.
Consultado sobre las medidas del gobierno para facilitar las habilitaciones, fue escéptico: “Se creó un préstamo de hasta 750 mil pesos a tasa cero, pero ¿quién lo va a sacar si estás cobrando 20 mil pesos por persona? No te da el número”. La habilitación de Bomberos, explicó, puede costar entre 4.000 y 6.000 dólares para un centro pequeño.
La conclusión es clara: “Es imposible que un residencial esté habilitado y con todo en regla cobrando menos de 45 mil pesos por persona. La matemática no falla”, afirmó. Y advirtió que si no se encara una reforma estructural, la crisis se agravará: “Tenemos que empezar. No podemos seguir como estamos, porque cada vez va a haber más centros con mala calidad”.
