La senadora frenteamplista Patricia “Pata” Kramer explicó en diálogo con El Megáfono el proyecto que fue discutido en el Senado y que propone incorporar artistas mujeres en las grillas de espectáculos públicos financiados con recursos del Gobierno Nacional.
Kramer sostuvo que la iniciativa tiene varios objetivos: ampliar los derechos culturales, promover una reparación histórica hacia las mujeres y reconocer a la cultura como una actividad laboral. Según explicó, cuando las grillas de espectáculos están mayoritariamente integradas por hombres, también se genera una desigual distribución de las oportunidades económicas dentro del sector musical.
La legisladora aclaró que la propuesta alcanza a los espectáculos organizados o financiados por el Gobierno Nacional y que no se aplica directamente a las intendencias, debido a la autonomía de los gobiernos departamentales.
Uno de los principales argumentos planteados por Kramer apunta a que el Estado no solamente administra recursos, sino que también puede contribuir a ampliar las posibilidades culturales de la población.
“Yo no soy libre si no tengo frente a qué elegir”, sostuvo la senadora, defendiendo la necesidad de que el público pueda conocer distintas propuestas artísticas antes de decidir cuáles prefiere.
En ese sentido, señaló que la presencia de mujeres en los escenarios también puede generar nuevas referencias para niñas y jóvenes. “Una gurisa ve a alguien en el escenario y dice: ‘Ah, pará, es posible tocar el bajo’”, ejemplificó.
Kramer rechazó además las críticas que sostienen que la iniciativa limita la libertad de elección. Por el contrario, consideró que ampliar la oferta artística permite que las personas conozcan propuestas que de otra manera quizás nunca tendrían la oportunidad de descubrir.
Respecto a las sanciones, explicó que el proyecto contempla la posibilidad de aplicar multas ante incumplimientos, aunque los detalles sobre su implementación quedarán establecidos en la reglamentación correspondiente.
La senadora remarcó que esa reglamentación deberá definir los aspectos prácticos de la aplicación de la norma, ya que, a su entender, la ley debe establecer los criterios generales y permitir que los organismos correspondientes ajusten posteriormente los mecanismos de fiscalización.
