Comerciantes de la zona de Barros Blancos han denunciado a El Megáfono una modalidad de estafa recurrente que ha generado preocupación en el sector. La maniobra consiste en que una persona, haciéndose pasar por inspector de la Intendencia de Canelones, se comunica con locales comerciales a través de mensajes de WhatsApp desde un número desconocido y bajo identidad falsa.
El supuesto inspector informa sobre denuncias graves que afectarían al local y que, de no resolverse de forma urgente, derivarían en multas de importante valor económico. En algunos casos, el mensaje se acompaña de un audio con efectos de sonido que simulan una conversación desde una oficina institucional, y el tono empleado es formal y convincente, buscando generar temor y urgencia.
Algunos comerciantes, creyendo estar ante una situación oficial, han sido inducidos a realizar giros de dinero, resultando ser víctimas de una clara estafa.
Frente a esta situación, la Intendencia de Canelones aclaró que no realiza notificaciones ni solicita pagos mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ni tampoco recurre a llamados individuales para comunicar sanciones de este tipo. Toda gestión relacionada con habilitaciones comerciales o trámites ante la Dirección Nacional de Bomberos se realiza de forma institucional y con los procedimientos correspondientes.
Para comprender cómo funcionan estos procesos, El Megáfono consultó a la arquitecta pandense Magela Layes, quien explicó que cualquier establecimiento comercial o industrial en funcionamiento debe contar con una habilitación de funcionamiento vigente, antes conocida como habilitación comercial.
Existen dos tipos de habilitaciones: Tipo A, pensada para emprendimientos pequeños y con condiciones menos exigentes, y Tipo B, para locales más grandes o complejos, que requieren la gestión obligatoria por parte de un técnico, como un arquitecto. En ambos casos, además de la habilitación municipal, se debe contar con la correspondiente habilitación de Bomberos, gestionada también por profesionales habilitados.
La arquitecta también señaló que en caso de irregularidades o falta de habilitación, el procedimiento habitual no incluye multas inmediatas. La Intendencia intima al responsable, brindándole un plazo para regularizar la situación, con la posibilidad de presentar prórrogas y documentación. Solo ante el incumplimiento reiterado puede evaluarse la aplicación de sanciones económicas.
Ante este tipo de estafas, se exhorta a los comerciantes a no responder mensajes sospechosos, no realizar transferencias ni giros de dinero, y comunicarse directamente con el municipio o la Intendencia para verificar cualquier notificación recibida. En ocasiones anteriores, al igual que en esta instancia, se ha cursado la denuncia correspondiente ante autoridades policiales.
