En la mañana de El Megáfono dialogamos con la legisladora frenteamplista por Canelones, integrante del Movimiento de Participación Popular, Margarita Libschitz, quien se refirió a un proyecto de ley presentado en el Parlamento que apunta a garantizar el cumplimiento efectivo de la pensión alimenticia.
La diputada explicó que la iniciativa surge de una realidad ampliamente conocida en la sociedad uruguaya: niñas, niños y adolescentes cuyos padres o madres separados no reciben el aporte económico correspondiente de quien no convive con ellos. Señaló que esta situación también alcanza a personas mayores con discapacidad, cuyas necesidades se extienden más allá de los 21 años, por lo que el proyecto busca asegurar un derecho ya existente pero que muchas veces no se cumple.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un registro de deudores alimentarios morosos, que permitirá por primera vez cuantificar con mayor precisión cuántos casos existen en el país. Libschitz aclaró que dicho registro no será arbitrario: solo integrarán la nómina aquellas personas que, tras una denuncia y una resolución judicial, sean declaradas incumplidoras, garantizando así el debido proceso.
El registro estaría a cargo de la Dirección General de Registros y tendría carácter público y gratuito. A diferencia de otros listados oficiales que hoy requieren el pago de tasas, el certificado de libre deuda alimentaria no tendría costo, y podría ser solicitado tanto por organismos del Estado como por empresas privadas, además de la propia persona involucrada.
En cuanto a las herramientas para incentivar el pago, la legisladora reconoció que existen situaciones complejas, como el trabajo informal o el cobro de parte del salario “en negro”, que ya constituyen delitos y exceden el alcance del proyecto. No obstante, destacó que la iniciativa amplía el “radar” del Estado, especialmente sobre trabajadores independientes, profesionales y titulares de empresas unipersonales, que hoy no siempre pueden ser alcanzados por mecanismos de retención salarial.
En ese sentido, explicó que para poder facturar será necesario presentar un certificado de libre deuda alimentaria ante el organismo correspondiente. De no hacerlo, la persona podrá constituir su empresa, pero no emitir facturas, lo que funcionaría como un incentivo directo para regularizar la situación. La diputada subrayó que el proyecto fue diseñado para ser sencillo y evitar trabas burocráticas que desalienten la formalización del trabajo.
Finalmente, Libschitz adelantó que ha mantenido conversaciones informales con legisladores de otros partidos, destacando una buena receptividad inicial, en particular desde el Partido Colorado. Remarcó que se trata de una iniciativa pensada como un aporte colectivo, con el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de vida de niñas y niños, garantizando que ambos padres contribuyan económicamente a su bienestar.
