En el marco de las celebraciones por el centenario del Palacio Legislativo, el oficialismo había propuesto la realización de un espectáculo público el próximo 23 de agosto, con la participación de destacados artistas nacionales. Sin embargo, tras una reunión entre legisladores oficialistas y opositores, se resolvió suspender la actividad.
La decisión se tomó luego de que representantes de la oposición cuestionaran el costo estimado del evento, que rondaba los 200.000 dólares. Desde el oficialismo, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, lamentó la suspensión y sostuvo que la propuesta buscaba “promover una celebración plural, representativa y construida colectivamente”.
Cosse explicó que la Comisión Administrativa, a través de un grupo asesor, había evaluado la posibilidad de organizar un espectáculo abierto al público, recabando estimaciones de costos que —según dijo— fueron compartidas “de buena fe” en instancias de coordinación interna. La actividad formaba parte de un programa más amplio que incluye la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, una iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General con un concierto del Sodre en el Salón de los Pasos Perdidos, abierto a todo público.
Finalmente, se resolvió postergar el espectáculo mientras se analizan “propuestas de alcance popular” que puedan generar un alto interés ciudadano. Así lo anunció la vicepresidenta en su cuenta de X, donde reafirmó la intención de celebrar “los 100 años de la casa de la Democracia” con actividades relevantes y convocantes.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez celebró la suspensión, señalando que “primó la cordura y el sentido común” y defendiendo la importancia de actuar “de forma transparente, honrada y responsable” en el manejo de fondos públicos.
En la misma línea, el senador blanco Javier García cuestionó a Cosse por “no hacerse cargo” de la decisión y por atribuir la responsabilidad al grupo asesor. Para García, el verdadero problema no fue el gasto en sí, sino que se hiciera público: “Los dineros son públicos, no de la vicepresidenta. Está bien que se haya suspendido y entrado en razones, aunque sea porque se conoció públicamente. Con austeridad es mejor”, afirmó.
