El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dialogó recientemente con El Megáfono sobre las prioridades de la actual administración en materia de educación, haciendo foco en la institucionalización de niños de tres años y la expansión de escuelas con tiempo pedagógico extendido.
Uruguay ha logrado cobertura universal para niños de 4 y 5 años, sin embargo, todavía hay cerca de 4.500 niños de tres años que no asisten a propuestas educativas, según explicó Caggiani. Aunque la asistencia no es obligatoria a esa edad, su incorporación tiene múltiples beneficios comprobados como la mejora del desarrollo integral infantil, mayor acceso a servicios de salud y protección social y facilitación del acceso a beneficios como asignaciones familiares entre otros.
Para abordar esta situación, se está trabajando junto al INAU y el Ministerio de Educación y Cultura en una hoja de ruta basada en datos oficiales, para identificar a estos niños y acercarles propuestas educativas viables. Caggiani enfatizó que este grupo es el más difícil de alcanzar, dado que muchas veces existen barreras como la falta de transporte o problemas de cuidado familiar.
Otra gran prioridad del gobierno, según señaló el Presidente de ANEP, es duplicar la cantidad de estudiantes en programas de tiempo completo o extendido. Actualmente, solo uno de cada cuatro niños participa de estas modalidades, y el objetivo es alcanzar dos de cada cuatro en un quinquenio.
Esto se planea lograr mediante la transformación de escuelas existentes, aprovechando el descenso de la natalidad, lo que permite liberar turnos y reorganizar recursos humanos. Este modelo incluye alimentación, cuidados y una currícula más rica, incorporando educación física, computación, inglés o educación artística.
Por último, abordó el debate recurrente sobre si se debe suspender o no la asignación familiar a las familias cuyos hijos presentan inasistencia escolar. Caggiani recordó que este beneficio fue creado en los años 40 con dos contraprestaciones básicas: asistencia escolar y controles de salud. Sin embargo, investigaciones actuales demuestran que la suspensión del beneficio no logra aumentar la asistencia como se espera. Por el contrario, puede agravar situaciones de vulnerabilidad al retirar un ingreso esencial para muchas familias. El gobierno, por tanto, está trabajando en nuevas estrategias para identificar y asistir a los niños que no están escolarizados, apostando a un abordaje más proactivo y menos punitivo.
