La Asociación de Defensores de Oficio resolvió declararse en conflicto en reclamo de mayor presupuesto y mejores condiciones para poder cumplir con su tarea en todo el territorio nacional. Desde la Defensoría de Pando, los abogados Federico Chacón y Yamila Cabrera explicaron la compleja situación que atraviesa el servicio.
“Cuando se dice que existe una justicia para ricos y otra para pobres, en los hechos se verifica. No es que la defensa pública ofrezca un servicio de menor calidad, sino que no puede brindar la misma atención que un abogado particular porque el tiempo y los recursos son insuficientes”, señalaron.
Los profesionales describieron las dificultades cotidianas: entrevistas con víctimas menores de edad que deben realizarse en apenas minutos, abogados que deben atender varias audiencias de materias distintas en un mismo día y defensores que llegan a asumir cinco audiencias seguidas sin la posibilidad de elaborar una estrategia de defensa adecuada. “El trabajo se termina mecanizando, se pierde lo esencial de la defensa técnica”, advirtieron.
Desigualdad de recursos
En el caso de Pando, la Defensoría cubre una amplia jurisdicción que incluye la ciudad cabecera y localidades como Barros Blancos, San Jacinto, Migues, Montes, Tala y Pueblo Bolívar. Allí los casos más frecuentes corresponden a violencia basada en género, situaciones de niños y adolescentes con derechos vulnerados y causas penales, que en conjunto representan alrededor del 90% de la demanda.
“Somos solo cinco defensores en familia y dos en penal, frente a nueve fiscales. Esa desproporción muestra la desigualdad de armas con la que trabajamos”, subrayaron.
Actualmente, la Defensoría Pública cuenta con unos 300 defensores en todo el país, para una población de más de tres millones de habitantes. La Asociación estima que serían necesarios al menos 147 profesionales más para poder cubrir con efectividad la creciente demanda.
Proyecto de descentralización estancado
Otro punto de preocupación es la falta de avances en el proyecto de ley para descentralizar la defensoría pública, actualmente en estudio en el Parlamento. “Creíamos que iba a tener un trámite más rápido porque había consenso político, pero lo cierto es que no hemos tenido novedades. No solo no se asigna presupuesto, tampoco se fortalece el servicio mediante la descentralización”, indicaron.
Medidas gremiales
El pasado 13 de septiembre la Asociación de Defensores resolvió en asamblea declararse en conflicto y comenzar a visibilizar la problemática. Una nueva instancia está prevista para el 30 de este mes, donde se evaluará la adopción de otras medidas gremiales.
“Las personas que recurren a la defensa pública son las más vulnerables de la sociedad. Lamentablemente, no tienen la fuerza de presión ni la visibilidad suficiente para que el sistema político priorice sus necesidades. Por eso hoy reclamamos recursos y condiciones que nos permitan garantizar el acceso real a la justicia”, concluyeron Chacón y Cabrera.
