La instalación de una planta destinada al procesamiento de sangre animal para la elaboración de proteínas utilizadas en alimentos para mascotas y otros animales generó preocupación en Joaquín Suárez y derivó en una serie de reuniones entre vecinos, autoridades locales y representantes de la Intendencia de Canelones. Como resultado, el proyecto se encuentra actualmente suspendido mientras se revisan aspectos vinculados a permisos, impacto ambiental y condiciones de funcionamiento.
El alcalde Juan Arellano explicó en diálogo con El Megáfono que el municipio tomó conocimiento de la situación hace pocos meses, cuando comenzaron a observarse importantes construcciones en un predio ubicado sobre Camino Rocheta.
“Veíamos que se estaba construyendo algo importante, pero nunca imaginamos que se trataba de una planta industrial de estas características. Desde el municipio nunca recibimos ninguna solicitud ni se nos informó oficialmente sobre el proyecto”, señaló.
Ante la falta de información, las autoridades locales intentaron establecer contacto con la empresa responsable, aunque, según indicó Arellano, no obtuvieron respuesta. Posteriormente, a través de información aportada por trabajadores vinculados al emprendimiento, conocieron que la actividad prevista consistiría en procesar sangre proveniente de frigoríficos para transformarla en proteína destinada a la alimentación animal.
Reunión abierta con vecinos
La situación motivó la realización de una extensa reunión en la que participaron vecinos de la zona, concejales, ediles y técnicos de distintas áreas de la Intendencia de Canelones.
Durante el encuentro se analizaron los antecedentes de la empresa, los permisos otorgados y las posibles consecuencias ambientales de la actividad proyectada.
Según explicó el alcalde, una de las principales preocupaciones está relacionada con el manejo de los residuos y el volumen de agua necesario para el funcionamiento de la planta. Además, se plantearon dudas sobre el tratamiento de los efluentes generados por la limpieza de las instalaciones y los posibles efectos sobre el ambiente.
“Todos entendemos la necesidad de generar empleo, pero también tenemos la responsabilidad de proteger la calidad de vida de nuestros vecinos y preservar nuestros recursos naturales”, sostuvo Arellano.
Dudas sobre permisos y habilitaciones
Otro de los aspectos que surgieron durante las reuniones tiene que ver con la situación administrativa del proyecto.
De acuerdo con la información manejada por las autoridades locales, los permisos vinculados a la construcción habrían sido observados en varias oportunidades y actualmente existirían trámites pendientes, situación que impide continuar con el avance normal de las obras.
Arellano indicó que el municipio continuará realizando gestiones para acceder a toda la documentación correspondiente y conocer con precisión cuáles son las autorizaciones vigentes y qué organismos participaron en el proceso de evaluación.
Además, anunció que se buscará mantener contactos con el Ministerio de Ambiente para obtener detalles sobre los estudios realizados y las condiciones bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones previas.
Preocupación por el tránsito pesado
A las inquietudes ambientales se suman los cuestionamientos sobre la infraestructura vial de la zona.
Las autoridades locales entienden que el tránsito frecuente de camiones cisterna y vehículos pesados podría generar dificultades en los accesos al predio, especialmente por las características de los caminos y la Ruta 74.
“El lugar elegido presenta limitaciones para la circulación y maniobra de vehículos de gran porte. Es un aspecto que también debe ser evaluado antes de avanzar con cualquier habilitación”, afirmó el alcalde.
El debate continúa
Mientras el proyecto permanece suspendido, vecinos y autoridades esperan obtener respuestas concretas sobre el impacto real que tendría la planta en la comunidad.
Desde el municipio sostienen que el objetivo no es impedir la llegada de inversiones o nuevas fuentes laborales, sino garantizar que cualquier emprendimiento industrial se instale cumpliendo con todas las exigencias ambientales, sanitarias y de seguridad necesarias para proteger a la población de Joaquín Suárez.
“Necesitamos oportunidades de trabajo para nuestra gente, pero también necesitamos certezas de que el desarrollo no pondrá en riesgo el agua, el aire ni la tranquilidad de nuestros vecinos”, concluyó Arellano.
