Los depósitos policiales de vehículos en Uruguay están colapsados: actualmente hay 58.000 motos retenidas en distintas dependencias del país. Solo en Montevideo, los dos depósitos existentes —que suman siete hectáreas— almacenan 8.000 motos, de las cuales 7.000 están en un mismo predio. A eso se suman autos, bicicletas y vehículos de alta gama que llevan años sin ser reclamados.
Frente a este escenario, el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y la Universidad de la República (Udelar), busca darle una “segunda vida” a las partes de las motos que no sean recuperadas por sus propietarios.
El plan surge en el marco de un nuevo programa de impacto anunciado por el Ministerio del Interior y la Unasev, que endurecerá los controles y prevé la incautación de motos que circulen con irregularidades. Se espera que esta medida aumente el número de vehículos en los depósitos, por lo que también se proyectan cambios en las condiciones de venta.
Desde el Ministerio de Ambiente, el director de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, explicó que la idea es evitar que las partes vayan a “enterraderos” y apostar por la reutilización de materiales como plásticos, metales y motores: “Ahí es donde entra la Universidad. Estamos pensando en desarrollar un convenio para ver qué otros usos pueden tener esas piezas que no necesariamente implican volverlas a poner en circulación”.
En Canelones ya se ha desarrollado un programa similar: el plan “Moto Reciclaje”, impulsado por la Intendencia con apoyo de INEFOP, lleva tres ediciones y ha formado técnicos mediante la reutilización de motos incautadas en operativos de tránsito.
A largo plazo, la meta es establecer una normativa que obligue al fabricante a hacerse responsable por el destino final de las motos, en una lógica de economía circular y sostenibilidad ambiental.
