El diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, realizó un balance “muy positivo” de la reunión celebrada en la Comisión de Tránsito y Transporte de la Cámara de Representantes con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en la que se abordó en profundidad la problemática de las competencias ilegales de motos en la vía pública, conocidas popularmente como “picadas”.
El encuentro fue convocado por el propio legislador y, según relató, superó las expectativas de todos los presentes. “Pensábamos que estábamos en una situación algo peor y nos llevamos buenas sorpresas en cuanto a la información y datos que presentó la fiscal”, afirmó. Destacó, además, que Ferrero ya había mantenido instancias previas con el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Marcelo Metediera, lo que demuestra —a su entender— un alto nivel de compromiso institucional con el tema.
Uno de los puntos centrales tratados fue la vigencia y aplicación de la Ley de Faltas (19.120), que contempla cinco infracciones graves de tránsito, entre ellas las competencias de velocidad no autorizadas en la vía pública. Inthamoussu explicó que si bien esta herramienta legal existe, es necesario realizar ajustes para adecuarla al nuevo Código General del Proceso, que dejó el tratamiento de las faltas en un esquema procesal anterior, generando una especie de “limbo jurídico”. En este marco, se comprometió a impulsar modificaciones legislativas que permitan que las fiscalías puedan investigar y acusar en este tipo de casos, reforzando así la capacidad de respuesta del sistema judicial.
El diputado hizo hincapié en que una de las principales dificultades para sancionar las picadas es la obtención de pruebas sólidas. “Hoy tenemos faltas que terminan en condena, pero ninguna por picada. El juez necesita una prueba contundente, y ahí es donde hemos fallado”, señaló. En este sentido, remarcó la necesidad de aprovechar las tecnologías disponibles para fortalecer los controles y generar evidencia irrefutable. Según explicó, los radares instalados actualmente no graban video, sino que capturan imágenes fijas, mientras que las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior registran imágenes pero no miden la velocidad. Por ello, propuso combinar ambas herramientas para que las intendencias, el Ministerio del Interior y otros organismos puedan presentar a la Fiscalía pruebas que permitan avanzar en los procesos y aplicar las sanciones previstas, como las penas comunitarias.
Otro aspecto abordado fue la identificación fehaciente de los vehículos. Inthamoussu advirtió que la falta de un registro preciso, especialmente en el caso de las motos, favorece la sensación de impunidad y alienta conductas peligrosas, ya que muchas veces los rodados no están a nombre de sus conductores. Para revertir esta situación, respaldó la implementación de la llamada “tercera chapa” o cualquier otra tecnología que permita a las autoridades conocer con certeza la titularidad de cada vehículo que circula en el país.
El legislador también se refirió a la importancia de motivar y respaldar a los fiscalizadores, quienes —según dijo— han visto afectada su moral al no percibir resultados claros luego de realizar controles y denuncias. Planteó que una mayor coordinación entre la Fiscalía, la Policía, las intendencias y la UNASEV, junto con instancias de capacitación para fiscales y operadores de tránsito, será clave para cerrar el circuito entre control, denuncia y sanción.
Finalmente, Inthamoussu subrayó que el combate a las picadas no se limita a sancionar, sino que requiere un abordaje integral que combine la aplicación efectiva de la ley, la mejora de los registros vehiculares, la incorporación de tecnología para obtener pruebas de calidad y el trabajo conjunto de todas las instituciones involucradas. “Tenemos que ajustar el sistema y reforzar el compromiso de todos los actores para que estas conductas peligrosas no queden impunes y podamos garantizar mayor seguridad en nuestras calles”, concluyó.
