En la mañana de El Megáfono dialogamos con el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, quien impulsa un proyecto de ley que busca endurecer las penas por el delito de estafa, en un contexto donde este tipo de hechos no deja de crecer y golpea con fuerza a los sectores más vulnerables de la población.
La entrevista se dio en medio de la conmoción generada por un caso reciente, en el que una mujer entregó 1.300.000 pesos a delincuentes, una situación que volvió a poner en agenda la problemática de las estafas, muchas de ellas vinculadas al uso de tecnologías y a engaños cada vez más sofisticados.
Juri explicó que la iniciativa no surge como reacción a un caso puntual, sino que fue presentada el 15 de febrero, el primer día de su asunción como diputado. Según detalló, el proyecto se apoya en datos oficiales que reflejan una evolución alarmante: en 2015 se registraban 1.926 denuncias por estafa, mientras que en 2024 la cifra trepó a 30.600 denuncias, aclarando además que se trata de un delito con un alto subregistro, ya que muchas víctimas no llegan a denunciar por vergüenza o desconocimiento.
“El viejo cuento del tío se ha perfeccionado con la tecnología”, señaló el legislador, advirtiendo que estas maniobras suelen apuntar especialmente a personas mayores y sectores vulnerables. Mencionó, entre otros ejemplos, falsas publicidades en redes sociales que utilizan el nombre de empresas públicas como ANCAP, UTE o Conaprole para simular oportunidades de inversión, engañando a cientos de personas antes de ser desmentidas oficialmente.
En contraste con otros delitos, como el hurto, que mostraron una baja en los últimos años, Juri remarcó que las estafas no han logrado ser contenidas y continúan en aumento. “Hablamos con cualquier conocido y siempre hay alguien cercano que fue estafado de alguna forma”, afirmó.
El proyecto de ley propone elevar la pena del delito de estafa de 4 a 8 años de penitenciaría, alineándose con parámetros observados en otros países. Si bien el diputado reconoció que el aumento de penas no es la única solución, sostuvo que no puede seguir considerándose un delito menor, especialmente cuando implica que una persona pierda los ahorros y los sueños de toda una vida.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución y Código, donde ya se planteó la convocatoria a cátedras de Derecho Penal de la UDELAR y universidades privadas, con el objetivo de recoger aportes técnicos. Además, Juri se mostró abierto a incorporar modificaciones, como agravantes cuando las víctimas sean personas mayores o con discapacidad.
“No estamos cerrados a nada. Todo lo que sea positivo para la gente, vamos arriba”, concluyó el legislador, manifestando su expectativa de que, una vez finalizado el receso parlamentario, la comisión pueda avanzar en el tratamiento del proyecto.
