El Partido Nacional buscará retomar las conversaciones para impulsar una reforma de la Constitución que permita realizar allanamientos durante la noche, bajo orden judicial y con una reglamentación que establezca garantías para su aplicación.
El planteo fue realizado por el senador nacionalista Javier García durante el Congreso Nacional de Alianza País. El legislador informó que solicitó a su par Carlos Camy iniciar contactos con el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente para intentar alcanzar un acuerdo político.
García sostuvo que la herramienta debería estar disponible ante delitos graves y siempre con la intervención de la Justicia. Posteriormente, afirmó que acordar una norma constitucional y su correspondiente reglamentación sería un instrumento clave para enfrentar al crimen organizado y las mafias.
“No hay nada más prioritario que combatir la inseguridad”, expresó el senador, quien consideró que un acuerdo entre los partidos representaría una señal de madurez del sistema político. También adelantó que, en caso de prosperar la iniciativa, el camino será consultar nuevamente a la ciudadanía.
La propuesta implicaría modificar el artículo 11 de la Constitución, que establece que el hogar es un “sagrado inviolable” y que durante la noche nadie puede ingresar sin el consentimiento de quien lo habita.
De concretarse una nueva consulta popular, sería la tercera vez que el tema llega a consideración de los uruguayos. En 2019, los allanamientos nocturnos formaron parte de la reforma “Vivir sin miedo”, promovida por Jorge Larrañaga, que obtuvo el 46,83% de los votos y no alcanzó la mayoría necesaria.
En las elecciones de 2024 se sometió a plebiscito una reforma específica del artículo 11 para habilitar estos procedimientos, pero la iniciativa recibió el 39,36% de los sufragios y tampoco fue aprobada.
Actualmente, el Código del Proceso Penal establece que los allanamientos domiciliarios deben efectuarse entre la salida y la puesta del sol. Sin embargo, contempla algunas excepciones: el consentimiento expreso del jefe del hogar, la ausencia total de moradores o una denuncia por violencia doméstica presentada dentro de las 48 horas anteriores.
Al término del encuentro, Alianza País emitió una declaración en la que cuestionó al gobierno por lo que definió como falta de rumbo y liderazgo, y señaló que la inseguridad y el avance de la violencia están generando un creciente malestar en la sociedad.
