El diputado colorado Diego Castro anunció la presentación de un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior, UTE, OSE y ANTEL para conocer el impacto que tiene el robo de cables, cobre, bronce y otros materiales pertenecientes a organismos públicos, así como las medidas que se están tomando para combatir este delito.
Castro calificó la problemática como “muy compleja” y sostuvo que afecta a toda el área metropolitana. Según indicó, el robo de materiales para su posterior venta en depósitos de chatarra genera importantes perjuicios tanto para los entes públicos como para la ciudadanía.
El legislador señaló que busca conocer cuánto dinero se pierde cada año a raíz de estos delitos, cuáles son las acciones de prevención que llevan adelante los organismos estatales y qué controles existen sobre las chatarrerías donde se comercializan estos materiales.
Asimismo, el pedido de informes solicitará datos sobre la cantidad de personas procesadas por robo de cables y otros metales, además de las actuaciones que desarrolla el Ministerio del Interior para combatir este tipo de delitos.
Castro afirmó que el problema no solo radica en quienes cometen los robos, sino también en quienes adquieren los materiales sustraídos. “Si hay alguien que roba es porque hay alguien que compra”, expresó, remarcando la necesidad de fortalecer los controles sobre la compra y venta de cobre y bronce.
El diputado también recordó episodios ocurridos en Pando, como el robo de placas conmemorativas de bronce, y señaló que este tipo de hechos representa un perjuicio económico para toda la población, ya que la reposición de cables, contadores y otros elementos dañados o sustraídos termina siendo financiada con recursos públicos.
En ese sentido, Castro sostuvo que es necesario conocer el costo real que estos delitos representan para los uruguayos y avanzar en una regulación y fiscalización más estricta de las chatarrerías, especialmente en el departamento de Canelones, para evitar que continúe la comercialización de materiales robados.
