El diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, defendió la creación de una comisión investigadora en torno a la adquisición de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, operación por la que —asegura— se detectaron irregularidades jurídicas y administrativas.
El legislador participó este miércoles de una conferencia de prensa en el marco de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, la cual fue suspendida temporalmente tras un cruce verbal entre legisladores. “Es penoso que una instancia de control parlamentario se vea interrumpida por ofensas recíprocas”, expresó en la mañana de El Megáfono.
Los argumentos para investigar
Jorge explicó que la decisión de promover la comisión se sustenta en “hechos de eventual irregularidad” en la compra, y que la Constitución y el reglamento obligan a la oposición a activar mecanismos de control cuando se detectan posibles incumplimientos.
Entre las observaciones señaladas, mencionó cuatro puntos clave:
1. Violación constitucional: dos directores que votaron la compra eran colonos, algo prohibido por la Carta Magna.
2. Designación exprés: una integrante del directorio asumió y, en apenas 40 minutos, participó de la votación sin contar con la documentación respaldante con 24 horas de antelación, como exige el reglamento interno.
3. Falta de recursos: pese a que el propio organismo reconoció no contar con fondos, se resolvió un gasto de entre 30 y 40 millones de dólares.
4. Quórum cuestionado: la decisión se tomó con tres votos, cuando —según el diputado— el reglamento requiere cuatro, y no se exhibieron los informes jurídicos que respaldarían esa interpretación.
“Si no se accionan estos mecanismos, se habilita que las decisiones irregulares se repitan sin control, y eso lo termina pagando toda la ciudadanía”, advirtió.
Próximos pasos
Según explicó, al solicitar la comisión investigadora, la Cámara de Diputados conformó de forma automática una preinvestigadora, integrada por los legisladores Carlos Reyes, Domingo Rielli y Gabriel Tinaglini. Jorge debía presentar este jueves la documentación respaldante y su denuncia formal.
La preinvestigadora cuenta con 48 horas para expedirse y, en caso de que su planteo prospere, la Cámara decidirá la integración y plazos de la investigadora. Esta podrá determinar si existieron irregularidades y, de ser así, proponer sanciones de índole política, administrativa o penal.
“El objetivo es claro: asegurar que los dineros públicos se utilicen de forma correcta y ajustada a las normas”, concluyó el diputado.
