Dos propietarios de predios ubicados en la zona de Barros Blancos, reclaman una intervención urgente de las autoridades ante la ocupación ilegal de sus terrenos, que además estarían siendo fraccionados y comercializados a través de redes sociales.
El abogado Daniel Urroz, representante jurídico de uno de los propietarios afectados, explicó en entrevista con El Megáfono que la situación comenzó hace aproximadamente cuatro o cinco meses y que ya existen denuncias ante la Policía, la Fiscalía y la Justicia.
Cerca de ocho hectáreas afectadas
Uno de los terrenos corresponde al padrón 7777, ubicado en las inmediaciones de calle República, a unos dos kilómetros de Pando y a pocas cuadras de la Seccional 25ª de Barros Blancos.
Se trata de una propiedad privada de casi cuatro hectáreas que se encontraba alambrada y que, según explicó el abogado, tiene un sector arrendado a una empresa.
Urroz denunció que varias personas cortaron los alambrados, ingresaron por la fuerza y comenzaron a dividir el terreno en parcelas.
La ocupación también se habría extendido al padrón contiguo, número 7778, perteneciente a otro propietario de Pando. En total, serían cerca de ocho hectáreas afectadas o amenazadas por el avance de las ocupaciones.
Parcelas ofrecidas por redes sociales
Uno de los aspectos más graves denunciados es la presunta comercialización de sectores de los terrenos.
Según Urroz, las parcelas serían delimitadas con cintas, tablas y otros elementos, para posteriormente ser ofrecidas a través de Marketplace y Facebook por valores que se ubicarían entre los 30.000 y los 60.000 pesos.
Las operaciones se realizarían sin intervención de escribanos, títulos de propiedad, promesas de compraventa ni ningún documento que otorgue derechos sobre los terrenos.
“Lo que venden es la nada misma”, manifestó el abogado, quien advirtió que las personas que pagan por esos espacios no adquieren legalmente ninguna parte de la propiedad.
El profesional sostuvo que detrás de estas maniobras existirían personas encargadas de ingresar a los predios, realizar las divisiones, promocionar los terrenos y cobrar el dinero.
Urroz señaló que también se estaría aprovechando la necesidad habitacional de familias que terminan pagando para instalarse en terrenos privados, pese a saber que no existe documentación legal.
Aumentan las construcciones precarias
Dentro de los predios comenzaron a levantarse pequeñas construcciones de madera, chapas y otros materiales precarios, utilizadas para marcar presencia y consolidar la ocupación.
El abogado relató que la cantidad de estructuras aumenta rápidamente. Según explicó, entre una visita y otra al lugar aparecieron nuevas casillas y durante uno de los últimos relevamientos ya se contabilizaban aproximadamente 18 construcciones.
La extensión de los terrenos y el ingreso por diferentes sectores, principalmente por la parte posterior, dificultan el control y la identificación de todas las personas instaladas.
Intervenciones policiales sin una solución definitiva
La Policía habría concurrido en varias oportunidades, retirando personas, realizando identificaciones y efectuando relevamientos en el lugar.
Sin embargo, según denunció Urroz, luego de cada intervención los ocupantes regresan y continúan con el fraccionamiento y la construcción de nuevas casillas.
El abogado destacó el trabajo realizado por la Seccional 25ª y señaló que el comisario realizó un relevamiento y registros audiovisuales de la situación.
También afirmó que la Fiscalía tiene conocimiento de las ocupaciones, de la presunta venta de parcelas y de las publicaciones realizadas mediante redes sociales.
Pese a estas actuaciones, los propietarios consideran que todavía no se alcanzó una respuesta capaz de frenar el crecimiento de la ocupación.
Solicitaron una inspección judicial
La defensa de los propietarios presentó una acción ante el Juzgado de Barros Blancos y solicitó una inspección ocular judicial.
La medida busca identificar a las personas que actualmente permanecen dentro de los terrenos y determinar la cantidad de construcciones existentes.
Urroz entiende que podrían configurarse delitos de usurpación, debido a que se habría ingresado por la fuerza a propiedades privadas, cortando alambrados y desconociendo las intimaciones policiales.
De todos modos, será la Fiscalía la encargada de investigar lo sucedido, identificar a los responsables y establecer si existió una organización dedicada a lotear y vender los terrenos.
Para el abogado, la investigación debería concentrarse especialmente en quienes estarían obteniendo beneficios económicos con la comercialización ilegal.
Según explicó, esas personas podrían cobrar el dinero y retirarse antes de un eventual desalojo, dejando el conflicto en manos de los propietarios y de las familias que pagaron por instalarse.
Una empresa no pudo ingresar al predio
La ocupación también estaría afectando a una empresa que arrienda parte de uno de los terrenos y que posee una antena de grandes dimensiones en el lugar.
De acuerdo con Urroz, los ocupantes no estarían permitiendo el ingreso de los trabajadores para realizar las tareas de mantenimiento necesarias.
La situación representa un nuevo perjuicio para los propietarios, debido a que no solamente perdieron el control del terreno, sino que tampoco pueden cumplir con normalidad el contrato de arrendamiento.
El abogado agregó que la ocupación provoca una importante pérdida del valor comercial de los inmuebles, ubicados en una zona de interés logístico y cercana a la ciudad de Pando.
Preocupación por las conexiones eléctricas
Durante la entrevista también se planteó que algunos ocupantes estarían accediendo al servicio de energía eléctrica.
Urroz manifestó su preocupación y cuestionó que puedan habilitarse servicios dentro de una propiedad privada sin la autorización de sus dueños.
Sin embargo, durante la entrevista no se presentaron documentos oficiales que permitieran confirmar de qué manera se habrían realizado esas conexiones.
Los propietarios entienden que el acceso a los servicios podría favorecer la permanencia de las personas y la consolidación de la ocupación mientras continúa el proceso judicial.
El desalojo podría demorar más de un año
Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con los tiempos judiciales.
El abogado explicó que un procedimiento de desalojo de estas características podría extenderse durante un año o incluso más.
El proceso requiere identificar a los ocupantes, realizar inspecciones, cumplir con las notificaciones y atravesar las diferentes etapas previstas por la Justicia.
Mientras transcurre ese período, la cantidad de personas y construcciones puede continuar aumentando, dificultando aún más una futura intervención.
Urroz señaló que los propietarios tienen documentación que acredita la titularidad de los terrenos, pero actualmente no pueden utilizarlos, venderlos, arrendarlos ni acceder libremente a ellos.
Reclamo a la Intendencia de Canelones
El profesional también reclamó una intervención más activa de la Intendencia de Canelones, teniendo en cuenta sus competencias vinculadas al ordenamiento territorial.
Advirtió que la consolidación de un asentamiento de aproximadamente ocho hectáreas, sin calles, saneamiento, drenajes ni una planificación adecuada, podría provocar graves consecuencias urbanísticas.
El problema no solamente afectaría a los propietarios, sino también a Barros Blancos y a toda la zona cercana a Pando.
Según expresó, tanto la Intendencia como el Municipio de Barros Blancos conocen la situación y han manifestado preocupación.
Urroz considera que deberían adoptarse medidas para impedir nuevos ingresos, detener el loteo y evitar que continúe aumentando la cantidad de construcciones.
Reclaman una actuación coordinada
Los propietarios solicitan una actuación coordinada entre la Policía, la Fiscalía, la Justicia y la Intendencia de Canelones.
El objetivo es recuperar los terrenos, detener la comercialización ilegal e identificar a las personas que estarían organizando el fraccionamiento y la venta de las parcelas.
Urroz insistió en que los predios tienen propietarios conocidos, que las denuncias ya fueron realizadas y que las autoridades cuentan con información sobre las publicaciones difundidas en redes sociales.
El caso continúa bajo actuación policial, fiscal y judicial. Mientras se aguardan nuevas medidas, los propietarios advierten que la ocupación sigue creciendo y reclaman una solución antes de que se consolide un asentamiento de grandes dimensiones.
