El caso de violencia vicaria ocurrido el pasado viernes, en el que un padre asesinó a sus hijos, sacudió a la opinión pública y generó un profundo debate sobre los mecanismos de protección disponibles en Uruguay. En entrevista en la mañana de El Megáfono, la referente social e integrante de la ONG El Paso, Andrea Tuana, aseguró que muchas de estas tragedias podrían haberse evitado si existieran respuestas más firmes del sistema judicial y mayor coordinación entre instituciones.
“Hay varias situaciones en Uruguay que sí eran previsibles, sobre todo aquellos casos en los que el asesinato de un niño se da en un contexto de visitas otorgadas por el sistema de justicia”, explicó Tuana. Y agregó: “En este caso puntual falta información para hacer un análisis serio, pero lo que sí sabemos es que se necesitan cambios urgentes para prevenir nuevos episodios de violencia vicaria”.
Conceptualizar y capacitar
La activista sostuvo que, aunque en Uruguay las estrategias de violencia vicaria se veían desde hace tiempo, no se las había definido ni trabajado con claridad. “Primero hay que conceptualizar. Es necesario capacitar al sistema de justicia, a los equipos técnicos, al sistema de salud y a quienes trabajan con las infancias, para que puedan detectar cuándo, después de una separación conflictiva, el agresor comienza a usar a los hijos como herramienta de violencia contra la madre”, explicó.
Según Tuana, no todos los casos de separación derivan en violencia vicaria, pero identificar los que sí requieren de formación especializada y respuestas rápidas. “Capacitar a jueces, fiscales, psicólogos y operadores sociales es una de las tareas centrales si queremos minimizar los riesgos”, insistió.
La crítica a la ley de corresponsabilidad en la crianza
Uno de los ejes más fuertes de su intervención fue la crítica a la ley de corresponsabilidad en la crianza. Tuana señaló que esta norma parte de una base falsa: que la mayoría de las denuncias de violencia son inventadas o que cuando un niño rechaza a su padre es porque fue manipulado por su madre.
“Ese falso relato le dio sustento a la ley, que antepone el derecho de los adultos a revincularse con sus hijos por encima del principio de protección de los niños. Nosotros decimos claramente: si hay violencia, no puede haber revinculación, salvo que el propio niño lo pida y que un informe técnico serio determine que no está en riesgo”, sostuvo.
Para la especialista, la ley ha flexibilizado los estándares de protección, bajando la vara con la que algunos jueces evalúan los casos. “No se trata de excluir a los padres de la vida de los hijos. Padres y madres deben estar siempre, pero nunca en contextos de violencia”, remarcó.
Informes técnicos que no se escuchan
Otro de los problemas señalados por Tuana es la falta de consideración de informes técnicos que advierten sobre riesgos concretos. “Hay psicólogos, psiquiatras, equipos de salud y profesionales que alertan sobre la violencia, pero muchas veces la Justicia no toma en cuenta esos informes. Incluso hay defensores de niños que desconocen la voz de los propios niños, bajo el argumento de que fueron manipulados”, denunció.
Recordó casos donde, pese a las advertencias, niñas fueron obligadas a revincularse con padres denunciados por abuso. “En una situación, la niña relataba una y otra vez lo que sufría, pero nadie le creyó. Fue obligada a retomar el vínculo y el padre volvió a abusar de ella. Recién después de esa segunda denuncia fue procesado y encarcelado. Es inadmisible que tengamos que llegar a eso para proteger a la infancia”, afirmó.
La necesidad de recursos y cambios urgentes
Para Tuana, el problema no solo es legislativo, sino también presupuestal. Señaló que el Poder Judicial necesita recursos para realizar pericias en tiempo y forma y contar con equipos especializados capaces de diferenciar casos de violencia real de denuncias falsas, que “son mínimas, pero igual importantes de detectar”.
“Hoy estamos discutiendo el presupuesto nacional, y este es el momento de reclamar recursos. Si no dotamos al sistema de herramientas técnicas, seguiremos teniendo expedientes que demoran años y niños que quedan expuestos”, advirtió.
“La ley aumenta el riesgo”
Consultada sobre si el caso reciente hubiera podido evitarse derogando la ley de corresponsabilidad en la crianza, Tuana evitó afirmaciones categóricas, aunque fue contundente: “No podemos decir que esta tragedia no hubiera ocurrido, pero sí sabemos que esta ley aumenta el riesgo y expone a las infancias. Y también sabemos que varios casos de violencia vicaria se dieron en contextos de visitas otorgadas por el sistema”.
La dirigente recordó que organizaciones sociales, profesionales de la salud, psicólogos y asociaciones vinculadas a la infancia advirtieron a los legisladores antes de que la norma fuera aprobada, pero no fueron escuchados. “Se hizo caso omiso a planteos con fundamentos empíricos y se privilegió un relato de posverdad. Por eso seguimos insistiendo con la derogación”, enfatizó.
Una sociedad en alerta
Finalmente, Tuana valoró la visibilización del tema y la necesidad de que la sociedad también esté atenta a las señales de violencia. “Es importante que se hable de estos casos, que se conozcan, porque ayuda a futuras víctimas a detectar actitudes y señales de riesgo en relaciones violentas. Solo así podremos prevenir a tiempo”, concluyó.
