En el marco de las políticas de rehabilitación y reinserción social, el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron un convenio de cooperación para que jóvenes privados de libertad, bajo la órbita del Inisa, accedan a talleres de capacitación del Ejército Nacional.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, señaló que se trata de un plan piloto que apunta a sumar herramientas para la reinserción. “Es una buena oportunidad para aportar desde la capacitación laboral y también desde la formación en valores”, expresó tras la firma del acuerdo.
El programa comenzará en marzo, cuando el Ministerio de Defensa presente la oferta de cursos disponibles para los jóvenes de la Colonia Berro. Según explicó el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, las propuestas incluirán actividades como participación en bandas musicales, carpintería, mantenimiento y otros oficios. En esta primera instancia no habrá cupos y podrán asistir todos los interesados.
Posteriormente, quienes deseen continuar deberán postularse al taller elegido, donde sí se establecerán cupos, que en principio se ubicarán entre 20 y 30 participantes. La selección quedará a cargo de los equipos técnicos del Inisa.
Saavedra remarcó que el acuerdo busca dar respuesta a una realidad compleja: el 85% de los adolescentes privados de libertad no finalizó el ciclo básico. “En un mundo atravesado por la inteligencia artificial, es muy difícil que quienes no completaron la educación básica logren insertarse en la sociedad”, sostuvo.
El convenio generó críticas desde algunos sectores del Frente Amplio y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que expresó preocupación por el enfoque formativo de las Fuerzas Armadas. Al respecto, Lazo afirmó que el acuerdo es general y que sus alcances se irán precisando, destacando la importancia de analizar su contenido concreto antes de emitir juicios.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que es una organización no gubernamental de educación, promoción y defensa de los Derechos Humanos que comenzó a trabajar en 1981 durante la dictadura cívico-militar, salió al cruce y dijo no estar de acuerdo con el convenio:
