El senador colorado Andrés Ojeda expresó fuertes cuestionamientos al Plan Nacional de Seguridad presentado por el gobierno, al advertir que no se menciona de forma explícita la implementación de la alerta Amber, una herramienta clave para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos.
El legislador señaló que analizó en detalle el documento —que supera las 300 páginas— y manifestó su sorpresa al no encontrar referencias directas a este mecanismo dentro del apartado de nuevas tecnologías aplicadas a situaciones de ausencia o desaparición de menores. “Cuando se habla de herramientas tecnológicas, no aparece la alerta Amber”, remarcó.
Ojeda subrayó la importancia de este sistema, ampliamente utilizado a nivel internacional, y recordó un caso reciente ocurrido el año pasado en Soriano, en el que dos niños fueron secuestrados por su padre. Según indicó, ese episodio generó debate precisamente por la falta de utilización de esta herramienta en ese momento.
En esa línea, el senador recordó que el tema fue llevado a la Comisión de Seguridad del Senado, donde se convocó al ministro del Interior. Allí, según relató, se les informó que la alerta estaba en proceso de implementación. “Por eso llama aún más la atención que no esté contemplada dentro del plan”, sostuvo.
Además, Ojeda insistió en que la normativa ya fue aprobada durante la anterior administración, por lo que entiende que el actual gobierno tiene la responsabilidad de avanzar en su aplicación concreta. “Era una oportunidad para fijar plazos y definir protocolos claros para una herramienta que funciona en todo el mundo. Debería estar operativa cuanto antes”, enfatizó.
Otro de los puntos señalados por el legislador refiere a diferencias de criterio entre organismos. Según explicó, mientras desde el Ministerio del Interior se ha planteado que la alerta no aplicaría en casos denunciados por los propios padres, desde Fiscalía sostienen lo contrario, lo que evidencia —a su juicio— la necesidad de unificar criterios.
La ley de alerta Amber (Nº 20.381) fue aprobada en setiembre de 2024 con respaldo unánime del sistema político y promulgada al mes siguiente. Sin embargo, su implementación aún está en evaluación dentro de una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio del Interior, Fiscalía, el Sistema Nacional de Emergencia, el Poder Judicial y el INAU, donde se analizan ajustes necesarios para su aplicación efectiva.
