En una extensa entrevista en la mañana de El Megáfono, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, se refirió a la compleja situación que atraviesa el sector pesquero en Uruguay, donde —según denuncias recibidas— se estaría exigiendo a los trabajadores estar afiliados al sindicato para poder embarcarse y desempeñar tareas en los barcos. Para el legislador, se trata de una práctica inaceptable y contraria a la Constitución, que viola el derecho a la libertad de trabajo y de asociación.
Silva relató que tomó conocimiento del caso tras reunirse con trabajadoras y trabajadores del sector, principalmente de plantas procesadoras de pescado de Canelones. “Muchas mujeres jefas de hogar se acercaron a mi despacho para expresar su preocupación por una situación que ya lleva más de 60 días y que ha puesto en jaque su fuente de ingreso”, explicó. A partir de esos encuentros, también recibió a empresarios del rubro y convocó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, a comparecer ante la Comisión de Trabajo del Senado.
Durante el proceso de recolección de testimonios y documentos, Silva accedió a formularios y comprobantes que —según afirma— se les exige a los trabajadores como prueba de afiliación al sindicato del sector marítimo para poder subir a los barcos. “No hay una ley que lo prohíba expresamente, pero sí es contrario a la Constitución, que ampara tanto la libertad de sindicalizarse como la de no hacerlo”, subrayó. En ese sentido, anunció la presentación de un proyecto de ley para prohibir de forma clara y explícita esta exigencia.
“El proyecto busca modificar la Ley 17.940 y garantizar que ni empresas ni sindicatos puedan imponer la afiliación como condición para acceder a un puesto de trabajo”, explicó Silva. A su entender, el debate debe centrarse en la defensa de los derechos de todos los trabajadores y en el respeto por las libertades fundamentales. “No se trata de estar a favor o en contra de los sindicatos, sino de garantizar que nadie sea obligado a pagar una cuota o presentar un ‘taloncito’ para poder trabajar”, agregó.
El senador también se mostró preocupado por las consecuencias económicas y sociales del conflicto, especialmente para quienes trabajan en las plantas pesqueras. Aseguró que muchas de estas personas han quedado sin ingresos, a pesar de los esfuerzos que algunas empresas han hecho para continuar operando con pesca artesanal. “Hay trabajadoras que no pueden pagar el alquiler ni alimentar a sus hijos. Lo más preocupante es el impacto humano de esta situación”, afirmó.
Silva reiteró su llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones consensuadas entre empresarios, trabajadores y autoridades. Sin embargo, insistió en que las prácticas que vulneran derechos no pueden ser toleradas. “No se puede interrumpir una zafra pesquera en pleno funcionamiento por una exigencia que ni siquiera está contemplada en el convenio firmado. El perjuicio para el país y para el sector es enorme, se habla de millones de dólares perdidos”, sostuvo.
Respecto a la transparencia del movimiento sindical, el senador señaló que no se está cuestionando el uso de los recursos por parte de los gremios, aunque reconoció que existen proyectos de ley, como el del diputado Gurmendez, que proponen mayor control sobre la gestión de fondos sindicales y la forma en que se resuelven los conflictos, como el voto secreto. “No estoy atacando a los sindicatos. Creo en su rol y los respeto. Pero las prácticas abusivas deben terminarse, y para eso necesitamos herramientas legales claras”, concluyó.
Además, anunció que está evaluando junto al Ministerio de Economía la posibilidad de ampliar el seguro de paro para los trabajadores afectados por esta situación. “La gente quiere trabajar. Es lo que más me repiten cuando los recibo. No piden privilegios, piden que se respete su derecho a ganarse la vida”, cerró.
Con este nuevo proyecto de ley, Silva espera abrir un debate nacional sobre la libertad sindical y laboral, y generar acuerdos que protejan a los trabajadores sin restringir sus posibilidades de empleo por razones ideológicas o gremiales.
