En diálogo con El Megáfono, el director general de Contralor de la Intendencia de Canelones, Luis Garrido, alertó sobre una modalidad de estafa que ha resurgido en los últimos días y que involucra de forma fraudulenta al área de Bromatología del gobierno departamental.
Según explicó Garrido, esta maniobra delictiva no es nueva: “Es una modalidad que lleva varios años y ha sido sostenida durante al menos el último quinquenio. Los estafadores utilizan nombres reales o inventados de funcionarios públicos —a veces tomados directamente de la página web de la Intendencia— para realizar llamadas telefónicas falsas, solicitando pagos mediante redes de cobranza, bajo el pretexto de regularizar denuncias o irregularidades”.
El jerarca dejó en claro que la Intendencia no realiza este tipo de comunicaciones ni solicita dinero por teléfono. En caso de haber alguna irregularidad real, el contacto con los comerciantes o empresarios se realiza de forma presencial y respetando procedimientos administrativos formales. “Ni la clausura ni las multas se imponen por sorpresa o sin previo acompañamiento. Desde la Intendencia se trabaja junto a las empresas, promoviendo procesos de mejora y regularización, no con una lógica punitiva”, subrayó.
Además, Garrido recomendó que cualquier intento de estafa sea denunciado de inmediato en la seccional policial más cercana, para que se pueda investigar y eventualmente desarticular estas redes delictivas. Indicó que muchas veces estas maniobras se originan desde el exterior o incluso desde centros penitenciarios del país.
Consultado sobre la posibilidad de que otras áreas del gobierno departamental puedan ser utilizadas como fachada por los estafadores, Garrido confirmó que han existido intentos similares, y que el gabinete está al tanto de la situación. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con Jefatura de Policía del departamento, tanto durante la gestión de los anteriores jefes como del actual, para monitorear estas acciones.
También hizo referencia a la necesidad de proteger información sensible, como las nóminas de inspectores, que en algunos casos han sido solicitadas formalmente, pero cuya divulgación podría facilitar nuevas estafas. “No es que no estén identificados, pero no vamos a entregar listados que puedan poner en riesgo a nuestros funcionarios o facilitar este tipo de maniobras”, afirmó.
Por último, Garrido destacó que regularizar un local comercial en Canelones hoy es más accesible que antes, especialmente para emprendimientos pequeños. “Un comercio chico sin manejo de alimentos puede habilitarse con unos 14.000 pesos, y si necesita permisos bromatológicos, los costos adicionales no son inaccesibles. Además, muchos de estos trámites pueden hacerse en línea, sin necesidad de contratar un profesional”, agregó.
La Intendencia continúa trabajando en campañas de información y acompañamiento para comerciantes, con el objetivo de fortalecer el entramado económico del departamento, cuidar la salud pública y evitar que la desinformación sea aprovechada por estafadores.
