El prosecretario de Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Díaz, estuvo en vivo en la mañana de El Megáfono desde los estudios de Pando de Del Molino 89.3 FM, donde abordó distintos aspectos vinculados a las políticas de drogas, la prevención y el tratamiento de las adicciones, el destino de los bienes decomisados al narcotráfico y la situación de la conflictividad laboral en el país.
Díaz explicó que una de las razones de sus recorridas por distintos departamentos es conocer de primera mano el funcionamiento de los dispositivos de atención y prevención. En ese marco, destacó el trabajo de la Red Nacional de Drogas (Renadro) y de los 33 centros Ciudadela que funcionan en distintos puntos del país.
Según explicó, estos centros tienen diferentes modalidades de atención. Algunos se enfocan exclusivamente en la asistencia a usuarios, mientras que otros funcionan además como centros diurnos, donde las personas pueden permanecer durante varias horas y participar de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, además de talleres, actividades deportivas y otras propuestas.
También señaló que existen centros de internación, entre ellos Casa Abierta y otros dispositivos ubicados en diferentes departamentos. “Funcionan bien, pero tienen un potencial de funcionar mejor”, sostuvo Díaz, quien remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la red de prevención y asistencia.
“El problema del uso problemático de drogas es un problema de salud”
Durante la entrevista, Díaz insistió en que el consumo problemático debe ser abordado principalmente como un problema de salud pública. “El problema del uso problemático de drogas es un problema de salud, es un problema de salud pública”, afirmó.
En ese sentido, señaló que las políticas de la Junta Nacional de Drogas trabajan sobre dos grandes líneas: la reducción de la demanda, mediante prevención, asistencia y tratamiento, y la reducción de la oferta, vinculada a la represión del narcotráfico.
Díaz también destacó que el concepto de drogas no debe limitarse a las sustancias ilegales. Mencionó al alcohol y el tabaco como drogas legales y también hizo referencia a sustancias controladas utilizadas con fines médicos, como la morfina y el fentanilo.
En materia de prevención, adelantó que se continuará trabajando en campañas dirigidas a diferentes sustancias. Recordó que recientemente se lanzó una campaña contra el uso problemático del alcohol, al que definió como “la droga más consumida en el Uruguay”.
Además, adelantó que se trabaja en una campaña de prevención vinculada al cannabis, con el objetivo de advertir sobre sus efectos y promover un consumo responsable.
Díaz remarcó especialmente la importancia de retrasar la edad de inicio del consumo y detectar tempranamente posibles situaciones problemáticas. En esa línea, indicó que se trabaja en un sistema nacional integrado que permita incorporar también a la salud privada para realizar mecanismos de detección temprana en las consultas médicas.
El vínculo entre adicciones y delito
Consultado sobre la relación entre consumo problemático, delito y narcotráfico, Díaz sostuvo que se trata de un fenómeno complejo que requiere actuar sobre diferentes frentes.
En ese marco, defendió la necesidad de fortalecer la prevención y el tratamiento, al mismo tiempo que se mantiene el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales.
También destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos, gobiernos departamentales e instituciones privadas y religiosas que desarrollan tareas de tratamiento y asistencia.
“Acá no hay partidos. Este es un problema que supera a los gobiernos y los partidos y el trabajo acá es mancomunado”, señaló al referirse a la necesidad de coordinar esfuerzos.
Más rapidez para convertir bienes del narcotráfico en recursos
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el funcionamiento del Fondo de Bienes Decomisados.
Díaz explicó que una de sus prioridades fue profesionalizar el funcionamiento del fondo y acelerar los procesos de remate de vehículos e inmuebles incautados o decomisados a organizaciones criminales.
En ese sentido, destacó la firma de un nuevo convenio con el Poder Judicial para agilizar los remates, especialmente de vehículos, con el objetivo de evitar que se deterioren mientras permanecen bajo custodia.
También mencionó un acuerdo con el INISA para utilizar un predio ubicado en la calle Belloni, donde se instalará un espacio destinado a recibir vehículos incautados, realizar las reparaciones necesarias y ponerlos rápidamente a la venta.
“La idea nuestra es que eso se haga lo más rápido posible para evitar el deterioro y poder transformar en dinero aquellos que son bienes de los narcotraficantes”, explicó.
El jerarca puso como ejemplo algunos de los últimos remates realizados. Señaló que una propiedad vinculada a González Valencia, ubicada en Punta del Este, fue rematada por 1,2 millones de dólares, mientras que también se vendieron dos terrenos en Punta Ballena por unos 600.000 dólares cada uno, además de apartamentos en Montevideo.
Según Díaz, hacía más de cinco años que no se realizaban remates de inmuebles incautados a narcotraficantes.
Crítica al destino de parte de los recursos
Díaz también cuestionó que un 25% de los recursos del Fondo de Bienes Decomisados sea destinado al Fondo Nacional de Recursos.
“No estoy de acuerdo, creo que el Fondo Nacional de Recursos sí tiene que tener sus recursos, no estoy en contra de eso, pero que no salgan de acá”, manifestó.
A su entender, los recursos provenientes de bienes decomisados deberían concentrarse en las áreas vinculadas al tratamiento y asistencia de personas con consumo problemático, así como en el combate al crimen y la investigación científica.
También sostuvo que debe existir un incentivo para que los organismos encargados de combatir el narcotráfico puedan mejorar sus herramientas y condiciones de trabajo a partir de estos recursos.
La esencialidad y los conflictos laborales
Durante la entrevista también fue consultado por la conflictividad sindical y la posibilidad de recurrir a la esencialidad.
Díaz sostuvo que la herramienta está disponible para el Poder Ejecutivo, pero remarcó que se trata de “el último recurso”.
En ese sentido, destacó la capacidad de negociación del movimiento sindical y del empresariado uruguayo y puso como ejemplo el conflicto de la construcción, donde finalmente se alcanzó un acuerdo colectivo de varios años.
Sobre la situación del puerto, indicó que el tema de la esencialidad permanece sobre la mesa, pero consideró que no parece necesario recurrir a esa medida mientras continúen las negociaciones y no se registren paros, más allá de alguna instancia de asamblea.
“Es una carta que se muestra pero no se juega”, resumió respecto a la posibilidad de decretar la esencialidad.
Díaz sostuvo además que la renovación de convenios colectivos suele generar períodos de mayor conflictividad, pero valoró que los conflictos recientes estén encaminándose hacia acuerdos de largo plazo.
“Gobernar es el arte de tratar de hacer posible aquello que parece que no lo es”
Sobre su experiencia al frente de la Prosecretaría de Presidencia, Díaz describió la tarea de gobernar como una actividad que implica administrar recursos limitados, tomar decisiones y enfrentar situaciones complejas.
“Gobernar es el arte de tratar de hacer posible aquello que parece que no lo es”, afirmó.
El jerarca también definió al actual gobierno como un gobierno de izquierda y señaló que una de sus principales prioridades es atender a los sectores más desfavorecidos.
En particular, puso el foco en la pobreza infantil y en la situación demográfica del país. Advirtió que Uruguay es una sociedad envejecida, con baja natalidad y jóvenes que en algunos casos emigran, por lo que consideró que mejorar las condiciones de vida, educación y desarrollo de niños y adolescentes es fundamental para el futuro del país.
“Los más desfavorecidos en este país son los niños pobres. Son los niños pobres, porque además no votan, no tienen voz”, sostuvo.
Para Díaz, atender esa realidad no es solamente una cuestión social, sino también una inversión en el futuro del Uruguay, ya que entiende que el país necesita que sus nuevas generaciones puedan desarrollarse, formarse y acceder a oportunidades para sostener el crecimiento de la sociedad.
