El Ministerio de Salud Pública (MSP) se encuentra trabajando en la reglamentación de la ley de muerte digna, que comenzará a regir a partir del mes de abril, plazo que también se establece para que los prestadores de salud públicos y privados implementen los mecanismos necesarios para su aplicación.
La normativa, promulgada en octubre de 2025, establece que podrán solicitar la eutanasia aquellas personas que padezcan una enfermedad terminal, incurable e irreversible. El objetivo de la ley es regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen.
Los prestadores de salud tendrán hasta abril para preparar la implementación de la norma, lo que implica la elaboración de protocolos operativos y la conformación de una comisión evaluatoria. Entre los prestadores alcanzados se encuentran los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo los servicios de sanidad policial y militar, así como el Hospital de Clínicas, que deberán poner a disposición de los usuarios los servicios necesarios para ejercer este derecho.
La ley prevé además la creación de una comisión multidisciplinaria que evaluará cada solicitud antes de que el procedimiento pueda llevarse a cabo, mediante informes médicos y psicológicos exhaustivos. Asimismo, se establece que la voluntad del paciente será siempre revocable en cualquier momento del proceso.
El procedimiento será realizado por un equipo médico, que quedará exento de responsabilidades penales, civiles y de otra índole, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Con esta normativa, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley que regula la eutanasia, marcando un hito en materia de derechos en salud y autonomía personal.
